La política económica española dentro de la política europea

 

 

 

La política económica de la Unión Europea se basa en el principio fundamental impuesto en su día por Alemania de un euro fuerte, ajeno a cualquier posibilidad de devaluación, entendiendo de ésta forma que alejaría el fantasma de la inflación del que tenían pésimos recuerdos.

Hemos visto que, por el contrario, los Estados Unidos han procedido a una devaluación competitiva del dólar y se han visto acompañados en la misma por China, lo que equivale en términos prácticos a que el euro ha visto incrementado su valor en torno al 15%.

El efecto de un cambio elevado es disminuir los precios en euros tanto de las importaciones como de las exportaciones relacionadas con países ajenos a la zona euro. La disminución del precio en los alimentos y las materias primas importadas tiende a reducir el coste de la vida. Que esto no se haya producido puede deberse en primer lugar al aumento mundial de sus precios (en este caso podemos esperar alguna disminución de los precios en el futuro a medida que la oferta se vaya igualando a la demanda mundial), pero también puede ser debido al hecho de que cuando una mercancía (y esto incluye a las importadas) llega al consumidor, su coste se ha visto considerablemente afectado por los varios servicios interiores que se le incorporan (mayormente aranceles, almacenamiento, distribución e impuestos).

Mientras tanto, la aparente baratura de los productos extranjeros nos impulsa a comprar más de ellos. Tenemos como ejemplo los productos chinos o los productos informáticos.

El resultado es animar las importaciones y desanimar las exportaciones, volviendo de este modo en contra nuestra la Balanza Comercial que llegaría a tener déficit como ha sido el caso español. Mientras nuestro país mantiene su crédito como prestatario puede subsanar este déficit pidiendo prestada la suma necesaria a costa de pagar un interés suficientemente alto. En España lo denominamos emitir Deuda Pública.

Para paliar esta situación las autoridades tienen que efectuar lo que eufemísticamente denominan “ajustes estructurales”, para lo cual solo tienen un camino: restringir el crédito. Esto es así porque una Balanza Comercial negativa indica que nuestros precios son demasiado altos y el camino para bajarlos es el dinero caro y la restricción del crédito.

Nuestro camino es reducir los salarios monetarios y, a través de ellos, el coste de la vida, con la idea de que, cuando se haya completado el ajuste, los salarios reales serán muy similares a los iniciales (obviamente, no los salarios nominales, sino la capacidad de compra de los mismos). El coste salarial es el único de los que soporta cualquier empresa que permanentemente presiona al alza. La única forma de lograr que los trabajadores acepten la reducción nominal de sus salarios es mediante la intensificación deliberada del desempleo. El objeto de la restricción del crédito es quitar a los empresarios los medios financieros para contratar trabajo al nivel existente de precios y salarios. Un claro ejemplo de cómo se restringe el crédito lo tenemos en las directrices para las provisiones bancarias en relación a los créditos hipotecarios que reducen el capital del que disponen los Bancos para prestar, en vez de intentar evitar el drama social de los embargos y posterior desahucio mediante la imposición obligatoria de moratorias en la amortización de aquellos préstamos cuyos titulares se encuentren en situación de desempleo. Otro ejemplo sería la “sugerencia” a las entidades bancarias para que destinen su tesorería a la compra de Deuda Pública.

Si no olvidamos que el objetivo de todo lo anterior es bajar el coste de la vida (es decir, provocar deflación), parece que los resultados obtenidos están lejos de dicho objetivo ya que al 31-10-2012 el índice oficial de los precios al consumo a sufrido un incremento desde el 31-01-2012 del 3,5%.

Las autoridades europeas están convencidas de que se empezará a crear empleo debido a los bajos tipos de interés aplicados por el B.C.E. (actualmente el 0,75%), pero la política económica española en su interés por lograr la deflación (también llamada devaluación interna) tratará de impedirlo mediante la restricción del crédito, las subidas de impuestos y la benevolencia sobre las prácticas monopolísticas que por aquí abundan.

Parece que, éticamente, el Gobierno español debería haber afrontado esta situación con seriedad y haber dicho a los trabajadores algo así como lo siguiente:

“El valor del euro se ha incrementado en un 15%. Esto significa que los salarios deben disminuir en un 15%. Esta disminución salarial puede repartirse en 3, 4 ó 5 años suponiendo entre un 3 y un 5% anual.

Pero también significa que, cuando el ajuste se haya completado, el coste de la vida descenderá aproximadamente un 15%. En este caso no se habrá producido una caída seria de los salarios reales”.

Claro que entonces los trabajadores podrían haberle preguntado qué pasaría con las rentas del capital, los impuestos, la energía o los gastos corrientes del Estado. Y esto es algo que no desea responder ningún político en España.